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Panorama General

Ante la abultada cantidad de propuestas y ofrecimiento de recursos a través de programas sociales, se fue ampliando el interés por saber cuál es la viabilidad de su instrumentación, no solo en el sentido del manejo administrativo, sino en relación con cuanto costarán y de donde se obtendrán los recursos adicionales, sobre todo en un entorno en el que resaltan las promesas de no incrementar ni crear nuevos impuestos.

Las cifras parecen poner en duda la posibilidad del éxito de algunos ofrecimientos de campaña. El margen fiscal de las finanzas del país no parece tener la capacidad para liberar la cantidad de recursos que se requieren.

Las estimaciones del documento de Precriterios 2019, el gasto total del sector público presupuestado para el 2019 asciende a 5.498.6 miles de millones de pesos (mmp), lo que significa un aumento de 253.6 mmp respecto a la cifra aprobada para el 2018, se deben excluir aquellos gastos comprometidos y que no tienen posibilidad de ajuste.

Por una parte, está el gasto no programable, que son los intereses y gastos de la deuda; participaciones; y las ADEFAS”, estos gastos ascienden a 1,618.0 mmp.

Otros gastos que pueden considerarse comprometidos, son los rubros de pensiones y jubilaciones que en conjunto suman casi 2,000 mmp, los gastos de seguridad social que implica el IMSS y el ISSSTE, que representan casi 1,000 mmp.

El margen de acción se concentra en los gastos de operación, en el de subsidios, transferencias y aportaciones y en el gasto de capital. Si de los dos primeros rubros mantenemos los recursos que se destinan principalmente para los temas de legislación, justicia, protección ambiental, salud, educación y protección social, el margen de maniobra sobre el gasto público se reduce a prácticamente el 5% del gasto total.

Evidentemente esto revela un estrecho margen de maniobra en las finanzas públicas del país que obligaría a cuestionar muchas promesas de campaña por adolecer de un financiamiento sano. Sin duda, cumplir con muchas de dichas promesas podría llevar a la necesidad de buscar recursos adicionales, lo que podría hacer que la frase “lo prometido es deuda” se vuelva realidad.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado “CEESP”